El pecado de ser Escobar
En una comedia de equívocos que pasó los exámenes de la Corte Suprema y de la Presidencia, un colombiano fue extraditado por cuenta de su apellido.
Publicado por la revista Cambio de diciembre 11 del 2003
El arquitecto Felipe Escobar Burgos pensaba que a sus 60 años poco o nada podía sorprenderle en la vida. Mucho menos era capaz de imaginar que su apellido lo llevaría a la cárcel, extraditado y señalado como familiar del capo más tenebroso en la historia del narcotráfico.
Todo comenzó en Panamá, el 15 de diciembre de 2000, a donde fue invitado por su amigo Álvaro Moreno, un abogado que conoció a través de un hermano, con buena reputación desde hacía 20 años y que no despertaba sospecha alguna. El estancamiento del sector de la construcción no ofrecía mayores posibilidades de trabajo a Escobar, y Moreno le dijo que tenía un amigo en el istmo y la posibilidad de hacer negocios. «Como los gringos se fueron, hay unas casas que se pueden arreglar y vender en sociedad con Roberto Vallejo», le planteó.
Su amigo le invitó con todos los gastos pagos y allí se encontraron con Steve Vélez, un estudiante de medicina que había visto en Bogotá en dos ocasiones, pero con el que no tenía ningún trato. Steve le dijo a Moreno que tenía un amigo para negocios, y Escobar los acompañó a dos encuentros, en un restaurante y en un hotel, con «Robert», quien resultó ser un agente encubierto de la policía montada de Canadá. «Los acompañé para no quedarme solo como un bobo», recuerda hoy el arquitecto.
En las charlas, Steve habló con «Robert» en inglés y le traducía en voz baja a Moreno. Felipe Escobar se levantó a fumar, caminar o ver pasar la gente. «Yo no hablo nada de inglés y me sentía incómodo», dice. El viaje de tres días se fue en ver casas para posibles negocios de remodelación y venta y en los encuentros con «Robert», y todos regresaron a Bogotá.
Cinco meses después, el 24 de mayo de 2001, a las cuatro de la mañana, Escobar se despertó con una pistola en el pecho y rodeado de policías. «¿Felipe Escobar?», le preguntaron. «Sí», respondió. «Usted está pedido por Canadá y van a extraditarlo «, le dijo el agente antinarcóticos de la Policía. Sin reponerse aún de la sorpresa, Escobar apenas se vistió antes de salir escoltado por 16 hombres bien armados que lo llevaron a los calabozos de la Sijín, privado por primera vez en su vida de la libertad, y sin saber por qué.
El periódico con grandes titulares daba cuenta de la captura de un «familiar de la mafia».
Luego de soportar varios meses de hacinamiento en la Sijín, fue trasladado en septiembre a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde fue recibido por la plana mayor del cartel de Medellín que investigó su vida y su capital al parecer más rápido que las autoridades colombianas. «Sabemos que nació en Cartagena, que no tiene ni una moneda partida por la mitad. Acá no le va a pasar nada, pero aguante lo que le viene encima porque van a extraditarlo», le dijo El Arete, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar.
De nada valieron alegatos de toda índole, ni tutelas, ni la petición de pruebas para comprobar que nunca había estado en Canadá. La Corte dio concepto favorable y el presidente Andrés Pastrana firmó su extradición el 9 de enero de 2002. Escobar Burgos fue trasladado de Itagüí a Bogotá el 24 de mayo, y el 25 fue entregado a policías canadienses en el aeropuerto El Dorado. Tres días después estaba ante un juez, en Montreal, alegando su inocencia con la ayuda de un intérprete.
Fue llevado a una cárcel electrónica, con africanos y asiáticos y sometido a los primeros interrogatorios por un chileno y otros agentes canadienses. «Usted qué es de Pablo Escobar?, ¿Usted es traficante? Cuéntenos y verá que le va bien», le dijeron. Les negó una y otra vez que tuviera relación con el narcotráfico y, fastidiado, les preguntó: «¿No será que ustedes me presionan para que invente algo y así justificar todo esto?», lo que provocó que apagaran la cámara de video donde grababan la diligencia.
Días después apareció la abogada Pauline Bouchard, que hablaba español y se convertiría en su ángel de la guarda para salir del atolladero. La abogada le contó que se había enterado por el periódico de su historia y que la defensa sería gratis. En la cárcel, un peruano le había mostrado el periódico donde con grandes titulares daban cuenta de la captura de un «familiar de la mafia», integrante de una red que había traficado 2.600 kilos de cocaína. En Colombia, en el momento de su captura, los medios de comunicación lo habían presentado como el capo de una red que movía 30 toneladas de cocaína. Así lo definió el entonces director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, según el cable publicado por la agencia de noticias de la Presidencia de la República.
En las diligencias previas al juicio, y después de más de un año preso, la abogada logró que el juez escuchara su testimonio y que Escobar Burgos se diera cuenta de cómo había resultado involucrado. El policía infiltrado en la cita de Panamá rindió testimonio y contó que en ese encuentro, mientras Escobar se paró a fumar y a caminar, Steve Vélez y Álvaro Moreno le habían dicho que él era el «money man», el que tenía el dinero para las transacciones y que era de los Escobar. Pero el policía también contó que el «money man» nunca había dicho nada y que en la operación contra la red no se había incautado un solo gramo de cocaína. Tan pronto rindió testimonio, el juez le dijo: «Usted se va en libertad condicional y debe presentarse en la gendarmería cada tercer día, mientras se cumple la audiencia final». El juez le entregó una orden para recibir alojamiento y comida en un albergue de paso para mendigos e indigentes, y la prohibición de trabajar o estudiar mientras se hiciera el juicio.
Estaba en un país extraño, no conocía a nadie, no hablaba el idioma y no tenía un centavo.
Era libre, pero no podía disfrutar la libertad. Estaba en un país extraño, no conocía a nadie, no hablaba el idioma y no tenía un centavo en el bolsillo. Acudió al consulado y, según su relato, el cónsul, Fabio Avella, no creyó en su historia. «Si lo trajeron, fue por algo», recuerda que le dijo y, según él, le alargó un billete de 20 dólares como para quitarse el problema de encima.
Desconsolado recibió de nuevo la ayuda de Pauline, su abogada, quien le consiguió apoyo económico de unas monjas al tiempo que le advertía: «No creo que su país le ayude mucho».
Cuando se acercaba el juicio, las cosas se complicaron. Pauline enfermó de cáncer, le dijo que no podía seguir con su caso y le recomendó a su colega Gabriel Boutros.
El 30 de junio de este año, el jurado pronunció, por unanimidad, su veredicto de no culpable. Escobar Burgos sintió que se le salía el corazón y corrió a los pasillos, en donde se puso a llorar inconsolablemente. Días después regresó a Colombia. «Es un milagro», les dijo a los suyos. Habían pasado más de dos años de calvario. Ni la prensa, ni el gobierno canadiense, ni las autoridades colombianas le iban a reponer su buen nombre, ni los gastos, ni el daño sufrido por el afán de fanfarronear de unos colombianos y la justificación de una operación de inexpertos policías canadienses. Ahora sólo le queda (ver recuadro) proceder a los reclamos judiciales ante los dos estados.
La otra odisea
Desde Colombia, Felipe Escobar Burgos inició otra batalla para restituir su buen nombre. Ha insistido ante la cancillería colombiana para que de gobierno a gobierno se reclame de Canadá una excusa y una indemnización, sin obtener resultado alguno. El viceprocurador general de la Nación, Carlos Gómez Pavajeau, también ha enviado comunicaciones pidiendo atención para su caso.
En Canadá, está pendiente que un abogado estudie el expediente para presentar la reclamación por los daños morales y materiales que le causó su injusta extradición.
En Colombia, se prepara otra demanda contra el Estado para que se examine el actual trámite de las extradiciones, donde no hay lugar a pruebas esenciales y se limita la defensa de los extraditables.
Los periódicos y los noticieros que divulgaron la noticia sobre su captura no registraron su regreso, ni han hecho aclaración alguna sobre su caso, a pesar de la magnitud de la injusticia.