ElEspectador.com – 4 Sep 2012 – La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Mariela Espinosa Arango es interpretada por la actriz Carmenza Cossio.
Desde el comienzo de su guerra contra el Estado y la sociedad, Pablo Escobar tuvo un blanco predilecto: la justicia. Fueron muchos los magistrados y jueces que cayeron abatidos por sus sicarios, en una ofensiva para garantizar impunidad. La primera víctima fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984. Desde ese momento, la lista se fue engrosando. El siguiente en turno fue el juez Tulio Manuel Castro Gil, el investigador del crimen de Lara, asesinado en julio de 1985.
Por el tema de la extradición, el Cartel de Medellín la emprendió aparte con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nunca se cansó de amenazarlos. Los mensajes que sus sicarios enviaban a las casas de los juristas, algunos acompañados por sufragios, coronas fúnebres y hasta féretros dejados frente a sus casas, dejaron evidencia de su odio particular contra los jueces. El día que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, Escobar vio como otros lograron el cometido que él esperaba.
Aunque la justicia nunca probó un nexo concreto del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia, siempre quedó la suspicacia de que Pablo Escobar algo tuvo que ver con la planeación o financiamiento de la operación. Lo que si fue claro es que ocho meses después del holocausto, en estado de indefensión y a plena luz del día, dos sicarios asesinaron al magistrado Hernando Baquero Borda, sobreviviente del ataque al Palacio e integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El hecho tuvo lugar el 31 de julio de 1986, cuando el jurista se movilizaba en un vehículo oficial al norte de Bogotá. Dos inocentes más perdieron la vida en la acción: uno de los escoltas del magistrado Baquero Borda y un joven transeúnte que transitaba por la calle. El asesinato de Baquero Borda fue la notificación del narcotráfico a la justicia para que no siguiera apoyando la extradición. Tres meses después, el Cartel de Medellín volvió a elegir a la justicia como el blanco de sus atentados.
En esta ocasión la víctima fue el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna, asesinado el 30 de octubre de 1986. Paradójicamente, el abogado Zuluaga había entrado a reemplazar al magistrado Álvaro Medina Ochoa, a quien también habían asesinado en abril de 1985 cuando llegaba a su casa en Medellín. La muerte de Zuluaga Serna obedeció a su persistencia por encausar judicialmente a Pablo Escobar y sus sicarios, no sólo por narcotráfico sino también por homicidio.
A comienzos de 1987, la cruzada criminal de Escobar contra la justicia siguió adelante, esta vez a través de un atentado contra el exministro de justicia de la administración Betancur, el abogado Enrique Parejo González. La acción tuvo lugar en Budapest (Hungría), donde Parejo ejercía como embajador de Colombia. Con este atentado, Escobar le advirtió al Estado y la sociedad colombiana que ninguno de sus enemigos en el poder judicial podía estar a salvo, así se refugiaran en el último lugar del mundo.
Ya en 1988, cuando Pablo Escobar enfrentaba no una sino dos guerras, la primera contra el Estado y la segunda contra el Cartel de Cali, se desató una ola de violencia en Colombia por otro tema paralelo: la elección popular de alcaldes. Este avance democrático facilitó un primer proceso electoral en marzo de 1988, que para las intenciones del paramilitarismo derivó en una sucesión de masacres direccionadas a posicionarse en el control del poder local y eliminar cualquier avance democrático de la izquierda.
Las masacres de Mejor Esquina, Honduras o La Negra, en la región de Urabá y Córdoba, mostraron la mano del paramilitarismo en asocio con el narcotráfico dejando decenas de viudas y huérfanos al paso de sus escuadrones de la muerte. Entonces apareció una valiente jueza empecinada en demostrar el origen de esta violencia. Se llamó Martha Lucía González, era jueza segunda de Orden Público, y sin temor alguno en poco tiempo develó cómo estaba integrada la estructura criminal detrás de las matanzas.
Se trataba de un triángulo asesino y unos apoyos conexos. Los tres promotores de la violencia eran Fidel Castaño, alias ‘Rambo’; Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’; y el propio Pablo Escobar Gaviria. Junto a ellos un verdadero ejército paramilitar con puntales en el Magdalena Medio y la región de Córdoba, y la ayuda de varios funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. A la jueza Martha Lucía González no le tembló la mano para expedir órdenes de captura contra todos los implicados en las matanzas.
Entonces comenzaron las amenazas contra la jueza Martha Lucía González. Y como no pudieron asesinarla y ella tuvo que marchar al exilio, después de tormentosos meses de persecución, la mafia del narcotráfico cobró venganza asesinando a su padre, el abogado Álvaro González Santana. El hecho tuvo lugar el 4 de mayo de 1989, frente al Parque Nacional en Bogotá. En el exilio, Martha Lucía González se enteró de la noticia. Escobar demostró así que si no podía con los jueces iba a acabar con sus familias.
Ya su mal ejemplo de asesinar jueces o magistrados lo habían copiado otros criminales. La prueba fue la masacre de La Rochela, ocurrida en jurisdicción de San Vicente de Chucurí en enero de 1989, cuando fueron asesinados por fuerzas del paramilitarismo doce jueces, agentes, secretarios y conductores que integraban una comisión de investigadores en el Magdalena Medio. En ese momento ya era evidente que ningún funcionario del poder judicial estaba a salvo de las balas del narcotráfico.
Por eso, la siguiente víctima directa del Cartel de Medellín se presentó apenas seis meses después. El viernes 28 de julio de 1989, a la altura del barrio Santa Mónica, al occidente de Medellín, fue acribillada a tiros la jueza tercera de Orden Público, Maria Helena Díaz Pérez. Sus dos escoltas Dagoberto Rodríguez y José Alfonso de Lima, también perdieron la vida. La asesinaron por confirmar las medidas de aseguramiento que había expedido su colega Martha Lucía González contra Escobar, Rodríguez Gacha, Castaño y demás.
Nacida en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), la jueza María Helena Díaz siempre se destacó como una abnegada funcionaria judicial. Después de impartir justicia en diversos municipios de Antioquia, en septiembre de 1988 fue exaltada como jueza de Orden Público. De inmediato emprendió la tarea de develar la maquinaria criminal del narcotráfico. Lo hizo respaldando a su colega Martha Lucía González. Pero le costó la vida. En su memoria, 20.000 funcionarios del poder judicial entraron en paro.
En ese momento, la lista de víctimas del narcotráfico contra el poder judicial ascendía a un ministro de Justicia, un Procurador General de la Nación, varios magistrados, 11 funcionarios de Instrucción Criminal y más de 20 jueces. Pero ahí no iba a parar la racha asesina. El 16 de agosto de 1989, a la altura dela Calle 13 con carrera 16 en Bogotá, fue asesinado a quemarropa el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia García. Lo mataron por lo mismo: enjuiciar a los capos de la droga.
Natural de Pereira, después de cumplir labores como juez en su ciudad natal y en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Carlos Valencia García fue designado como magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en agosto de 1985. Desde entonces, tuvo que documentar varios casos del narcotráfico, hasta que llegó a sus manos uno de los expedientes más complejos: la investigación por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Un proceso que ya deambulaba por la impunidad.
El miércoles 16 de agosto de 1989, Valencia García confirmó el llamamiento a juicio de Escobar Gaviria y sus secuaces por el crimen del periodista Guillermo Cano. Días atrás, en compañía de otros magistrados, había ordenado la captura de Gonzalo Rodríguez Gacha como principal sindicado del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Ese mismo 16 de agosto, a Valencia García lo estaban esperando cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes lo asesinaron.
La lista de víctimas del Cartel de Medellín y sus socios del narcotráfico siguió creciendo en la medida en que recrudeció la guerra, y en especial, Escobar Gaviria siguió pasando una cuenta de cobro a los administradores de justicia. El martes 17 de octubre de 1989, en momentos en que abordaba el vehículo de un colega para desplazarse juntos a la Universidad de Antioquia, los sicarios regresaron, esta vez para asesinar al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Héctor Jiménez Rodríguez.
Fue el tercer magistrado de la misma corporación en caer abatido por las balas del narcotráfico. Oriundo de Amalfi (Antioquia), Héctor Jiménez se desempeñó mucho tiempo como juez en varios municipios del nordeste antioqueño, luego pasó al Tribunal Superior de Yolombó y desde 1979 entró a ejercer en el Tribunal Superior de Medellín. Durante varias ocasiones fue postulado para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero prefirió quedarse en la capital antioqueña donde encontró la muerte.
Apenas dos semanas después, el miércoles 1° de noviembre de ese aciago año de 1989, los sicarios de Escobar volvieron a arremeter contra la justicia. En esta ocasión, la víctima fue la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Mariela Espinosa Arango, asesinada al caer de la tarde cuando ingresaba a su vivienda en el barrio La América de Medellín, por varios sujetos que llegaron en tres vehículos. Con este asesinato, el Cartel de Medellín le notificó al poder judicial que no había deuda sin cancelar.
La abogada Mariela Espinosa Arango fue una de las primeras funcionarias del poder judicial que advirtió la peligrosidad de Pablo Escobar, y por eso desde mediados de los años 70, fue la primera jueza que ordenó su captura por tráfico de estupefacientes. No la pudieron sobornar, sobrevivió a un atentado contra su vida y, a sus 44 años, acababa de ser reelegida en su cargo como magistrada. Los sicarios de Escobar Gaviria esperaron más de una década para cumplir su cometido criminal.
La violencia contra la justicia nunca se detuvo y fueron muchos más los jueces o investigadores del poder judicial que cayeron abatidos por órdenes de Pablo Escobar, muchos de ellos olvidados o con sus nombres perdidos en la desmemoria nacional. Aunque esta ofensiva se reeditó años después cuando el paramilitarismo se tomó a Medellín y buena parte de Antioquia, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, fue su causa personal, arremeter contra la justicia. Incluso, ya a las puertas de su falso sometimiento en 1991, sus secuaces asesinaron también al exministro de justicia Enrique Low Murtra.