Por: Jorge Cardona Alzate – El Espectador
Al igual que Rodrigo Lara en 1984, un 30 de abril pero de 1991 fue asesinado el exministro de Justicia Enrique Low. Murió inerme y desprotegido, pese a que había enfrentado a los más a los más violentos. Tras la fuga del narcotraficante Jorge Luis Ochoa de la cárcel La Picota, esta imagen del entonces ministro Enrique Low Murtra fue captada por el reportero gráfico de El Espectador Martín Rodríguez. La foto fue premiada por el CPB.
A las 8 y 15 de la noche del martes 30 de abril de 1991, sin protección del Estado y frente a decenas de estudiantes que a esa hora terminaban clases en la Universidad de La Salle, fue asesinado de cuatro balazos el exministro de Justicia Enrique Low Murtra. Hoy se cumplen 20 años de este olvidado magnicidio, sin que la sociedad colombiana haya rendido un homenaje suficiente a su memoria, pese a su brillante trayectoria al servicio del país y su valentía cuando debió enfrentar a los carteles del narcotráfico a finales de los años 80.
Hijo del ciudadano colombo-alemán Rodolfo Low, quien llegó a ser rector de la Universidad Nacional antes de dedicarse a la investigación científica, el maestro Enrique Low fue ejemplo de vida intelectual. De su paso por el Gimnasio Moderno quedó registro de su meritorio rendimiento académico. Después de graduarse como abogado, adelantó posgrados de economía en las universidades de Illinois y Harvard, en Estados Unidos. Cuando regresó a Colombia, su sólida preparación profesional pronto se vio recompensada.
Fue contralor del Distrito, director de Impuestos Nacionales, secretario económico de la Presidencia de la República, delegado de Colombia ante el Banco Mundial y catedrático de la Universidad del Valle. Pero su destino era ser testigo y protagonista de las horas difíciles que empezó a vivir Colombia a mediados de los años 80. La prueba es que siendo consejero de Estado en 1985, ocurrió el lamentable episodio del Holocausto del Palacio de Justicia, donde perdieron la vida muchos de sus colegas y amigos del poder judicial.
A finales de septiembre de 1987, cuando oficiaba como director del Sena, el entonces presidente Virgilio Barco le pidió que asumiera el cargo más riesgoso de su época: ministro de Justicia. El narcoterrorismo mantenía intimidada a la sociedad, los grupos paramilitares empezaban a mostrar su barbarie y la guerrilla perfeccionaba su máquina de guerra. Se necesitaba quién defendiera al país y de paso reivindicara a los exministros de Justicia, Rodrigo Lara, asesinado en abril de 1984, y Enrique Parejo, gravemente herido en enero de 1987.
Enrique Low lo hizo y antes de un mes demostraba su sentido del deber y su carácter. Cuando el paramilitarismo asesinó al máximo dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, no temió en contarle al país públicamente cómo detrás del magnicidio estaba la mano del capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Y cuando en el propio Gobierno aún existían voces que dudaban en rechazar el accionar de los grupos de autodefensa, Enrique Low encaró el asunto para advertir que nadie distinto al Estado representaba autoridad.
Y no sólo orientó acciones contra los dineros ilegales, sino que el 5 de enero de 1988, con su puño y letra, firmó las órdenes de detención con fines de extradición de los capos Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. Ese mismo mes, tras el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, fue también uno de los artífices del Estatuto para la Defensa de la Democracia (Decreto 180 de 1988), que dotó al Estado de herramientas legales para enfrentar la arremetida de los violentos.
Hasta el 18 de julio de 1988, cuando dejó su cargo, no descansó un solo día en fortalecer la Justicia. Pero las amenazas empezaron a rondarlo y, como lo confirmó después el entonces secretario de la Presidencia, Germán Montoya, no sólo por sus méritos sino por la necesidad de protegerlo, fue designado como embajador de Colombia en Suiza. Pero no llevaba mucho tiempo en Europa cuando el Gobierno lo previno de que se había descubierto un complot contra su vida orquestado por el narcotráfico. Suiza tuvo que resguardarlo.
Enrique Low permaneció en Berna (Suiza) hasta diciembre de 1990, pero dejó el cargo porque el nuevo gobierno del presidente César Gaviria designó a un nuevo embajador. Retornó a Colombia en enero de 1991 sin protección alguna. Al día siguiente fue a la Cancillería para solicitar al menos un vehículo para su transporte y seguridad. Lo atendieron unos subalternos para decirle que no era posible por escasez de carros. No volvió a pedir protección, nunca fue su estilo.
Terceros lo hicieron por él, pero tampoco fueron atendidos.
Desde mayo de 1990, la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, había reportado que durante un allanamiento en esa ciudad había encontrado un casete con una conversación entre Pablo Escobar y el abogado Guido Parra, en la cual se revelaba cómo el capo había realizado una especie de contrato con la banda terrorista Eta para asesinar a Low Murtra en cualquier parte del mundo. Ni siquiera esa evidencia, formalizada ante el DAS y la justicia de orden público, sirvió de soporte para que el exministro de Justicia fuera protegido.
Y como estaba anunciado, inerme y desamparado por el Estado, el 30 de abril de 1991, cuando se disponía a abordar un taxi después de cumplir labores como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Salle, a sus 52 años de generosa vida, Enrique Low cayó asesinado. Como todos los magnicidios de su época, el caso quedó en la impunidad y hoy, 20 años después, las nuevas generaciones no saben muy bien quién fue este valiente exministro que entregó su vida por Colombia.
El Estado fue declarado responsable
La desprotección del exministro Low Murtra provocó un debate nacional que rápidamente desembocó en una investigación en la Procuraduría. No obstante, el 3 de septiembre de 1992, se ordenó el archivo de las diligencias que buscaban establecer responsabilidad en la Presidencia, la Cancillería, el DAS y la Policía Nacional para la época de los hechos, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo.
Ese mismo año, la esposa e hijas de Enrique Low demandaron al Estado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que se había fallado en el servicio de protección al exministro. La decisión fue apelada y el Consejo de Estado, en junio de 1997, confirmó el fallo, dejando en claro que quien arriesga su vida por enfrentar una lucha del Estado, como mínimo tiene derecho a que le protejan su vida.
Fuente: ELESPECTADOR.COM