Avioneta en la Hacienda Napoles de propiedad de Escobar. /Archivo
ELESPECTADOR.COM
Esta historia empezó el 19 de enero de 1988 en el aeropuerto Matecaña de Pereira, cuando funcionarios de la Aeronáutica Civil detectaron abandonado un avión Turbo Commander de matrícula HK 3398X. La aeronave estaba estacionada junto a otro avión Super King 200, también de propiedad desconocida. En la investigación correspondiente fueron arrestados cuatro civiles que posteriormente fueron dejados en libertad.
Por orden de un juez de Pereira, los aviones quedaron incautados, sobre todo porque a la hora de inspeccionarlos aparecieron con licencias falsas. Días después, ante varios intentos de robo de las aeronaves, el juez ordenó ponerlas a disposición de la Fuerza Aérea y fueron trasladarlas a la base aérea de Catam en Bogotá. El rumor creciente era que los narcotraficantes, dueños de la aeronave, querían a toda costa recuperarlas.
En efecto, Pablo Escobar Gaviria contrató a Roberto Arbeláez, un exteniente de la Fuerza Aérea Colombiana, para que recuperara la aeronave y la sacara de una de las bases más custodiadas de la Fuerza Aérea. La noche del 1 de marzo de 1988, extrañamente la aeronave apareció estacionada en la rampa de despegue de la base aérea de Catam. Alguien la dejó en óptimas condiciones para emprender vuelo.
Entonces apareció el exteniente Arbeláez, quien vestido con su uniforme militar ingresó sin novedades a la base aérea, superó el primer anillo de seguridad y se dirigió al lugar en donde estaba estacionada la aeronave. A un soldado que la vigilaba le dijo que debía cumplir en ella una misión de orden público, que la orden venía “de arriba” y que un general estaba en camino para supervisar la maniobra.
El soldado creyó la versión de Arbeláez y procedió a quitar los conos que aseguraban las llantas del avión. Inmediatamente el experimentado piloto abordó la aeronave. Curiosamente ya contaba con suministro de gasolina y todos los sistemas operativos se encontraban en completo funcionamiento. Además el piloto Arbeláez tenía en su poder la llave con la que abrió la puerta de la aeronave.
De inmediato prendió los motores del avión y carreteó por la pista de la base aérea antes de emprender vuelo. En ese momento, algunos soldados que se encontraban cerca escucharon el ruido del motor y advertidos der que existían rumores de que la aeronave iba a ser robada o rescatada por el narcotráfico, corrieron disparando. Alcanzaron a impactarla en su tren de aterrizaje y en su costado derecho.
Sin embargo, el avión tomó la pista y, violando las medidas de seguridad, despegó con rumbo desconocido. Testigos aseguraron después que vieron despegar al avión con algunas averías por el tiroteo. Además, el vehículo de rampa en el que suele movilizarse un inspector del aeropuerto, testificó después que el avión echaba humo por una de las turbinas en el momento del despegar.
La torre de control fue informada de lo sucedido y de inmediato siguió el avión con ayuda de sus radares. Lo monitoreó hasta Mariquita, donde perdió la señal. No obstante, la señal fue restablecida desde la torre de control de la base aérea de Palanquero, ubicada en Puerto Salgar, desde donde despegó un avión de combate con ayuda de instrumentos especiales, que empezó la persecución del turbocomander.
Hacia la una de la mañana, el avión aterrizó en una pista desconocida, situada en un predio contiguo a la hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar Gaviria. El escándalo duró varios días en la prensa y, a raíz de lo sucedido, dos coroneles fueron llamados a calificar servicios. Uno de ellos, el coronel Rafael Castro, quien paradójicamente trabajaba en otra base. El argumento para separarlo de su cargo fue que no había preparado correctamente al soldado que permitió al piloto despegar.
Con el paso del tiempo, los investigadores comprobaron que la aeronave robada era propiedad de Pablo Escobar, y que el capo ordenó recuperarla porque era utilizada para una de sus principales rutas de narcotráfico. Los oficiales de la Fuerza Aérea fueron injustamente destituidos y pronto se supo otro dato clave: La finca ubicada en el área rural del corregimiento de Doradal donde aterrizó el avión tenía un propietario reconocido.
El dueño del predio, con pista de aterrizaje incluida, resultó ser José Libardo Gutiérrez Márquez, hermano del entonces Procurador General de la Nación, Alfredo Gutiérrez Márquez. Según las escrituras de propiedad, el bien fue adquirido el 23 de febrero de 1988 a María Victoria Henao, esposa de Pablo Escobar Gaviria y a Gustavo Gaviria Rivero, su primo y principal socio en el negocio del narcotráfico.
En razón a estos comprometedores detalles, el procurador Alfredo Gutiérrez Márquez no le quedó opción distinta que apurar su renuncia. El presidente Virgilio Barco respondió reconociendo que las responsabilidades penales eran individuales y elogió las calidades del funcionario. Sin embargo aceptó su dimisión de inmediato. Con la caída del Procurador, nadie volvió a hablar del Turbo Commander.
Por el robo del avión los entonces coroneles Cueto y Castro entablaron una demanda contra la Fuerza Aérea Colombiana. Luego de 10 años de hacer trámite en el sistema jurídico, la acción fue negada por el Consejo de Estado. El alto tribunal encontró vicios de procedimiento en la forma como fue entablada. El coronel Castro, que estaba a seis meses de ser trasladado a Washington tuvo que dejar su carrera de 25 años en la Fuerza Aérea por cuenta de un robo a manos del narcotráfico. Hoy día ambos coroneles son pensionados de la FAC.