Razones de la justicia para seguir procesando a Maza Márquez
Por: Juan David Laverde Palma EL ESPECTADOR
El ente investigador advirtió que estos crímenes son de lesa humanidad.
En 45 páginas el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Martín Antonio Moreno Sanjuán consignó los argumentos que le permiten sostener al ente acusador que el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no sólo es imprescriptible, sino que hace parte de una estrategia criminal que buscaba amedrentar a la sociedad colombiana. Un objetivo que estuvo a punto de lograr a punta de bombazos y sicarios motorizados el cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar.
Luego de hacer una extensa disertación sobre los orígenes del concepto de crimen de lesa humanidad, que se remonta a 1907 en el preámbulo del convenio de La Haya, y que fue desarrollado por el Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, por las Naciones Unidas y finalmente por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía sostuvo que en el expediente de Galán se cumplen todos los requisitos para considerar este caso como delito de lesa humanidad. Lo que en palabras castizas significa que la justicia no tiene fecha de vencimiento.
La sección de análisis criminal de la Fiscalía elaboró varios informes sobre el contexto histórico de la barbarie desatada por los ejércitos de Escobar y los llamados ‘Extraditables’ entre 1976 y 1993, y concluyó que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, las instituciones o la prensa pretendían amordazar al Estado, arrodillar a la clase política y cercenar la democracia. Un aparato de guerra que comenzó a gestarse a mediados de los años 70 y que ya hacia 1985 referenciaba a Escobar como uno de los cinco hombres más ricos del planeta. Su organización llegó a controlar el 95% de los despachos de coca al extranjero.
Más de 2.000 hombres armados hasta los dientes integraron el círculo de asesinos de Escobar y sus socios Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa. Su hermano Roberto Escobar y su primo Gustavo Gaviria figuraban en el segundo renglón de la jerarquía criminal del capo de capos y todos ellos eran secundados por sicarios de confianza como Popeye, H.H., El Angelito, El Chopo, Chegoro, El Tato, Tyson, El Palomo, Enchufe, Pinina, Quesito, Limón, León, Conavi, La Quica, El Japonés y un largo etcétera de alias de los que ya nadie habla o de los que nunca se habló (ver infografía).
Suficientemente documentado está cómo se financió esa horda de terror que fracturó al país en los años 80 y cómo las fortunas y narcoextravagancias de estos sujetos hicieron carrera bajo ese lema perverso de “plata o plomo” que significaba, en el lenguaje de la comuna, que al cartel nadie podía decirle que no. Pero hubo quienes lo hicieron. Y el documento de la Fiscalía es ilustrativo en contabilizar el sacrificio que les costó a ellos y a sus familias. Hoy, en algunos casos, casi tres décadas después, la impunidad persigue esos expedientes como un fantasma. Periódicos enteros se llenarían sólo mencionando los nombres de los caídos que encararon a Pablo Escobar.
Por eso, en el documento de la Fiscalía del pasado 11 de julio sólo se traen a colación los crímenes del cartel de Medellín que más impacto generaron en el país. Desde el magnicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, hasta el crimen de Enrique Low Murtra, el 30 de abril de 1991, Colombia estuvo sitiada por la violencia exacerbada que desde las motos y la dinamita planeaban estos mercenarios de la guerra. “Miles de petardos estallaron por todo el país; asesinaron jueces, fiscales, testigos, periodistas, el procurador Carlos Mauro Hoyos, líderes políticos como Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro” y muchos otros.
La Fiscalía recordó que esta fue la primera organización en utilizar métodos terroristas en Colombia como los carros bomba y el pago para perpetrar torturas y secuestros extorsivos, envalentonados con el poder de las balas. En 388 casos analizados por el ente investigativo se estableció —nada nuevo, valga decirlo— que este cerco al Estado incluía alianzas con la guerrilla y los paramilitares. En el primer caso, la toma del Palacio de Justicia en 1985 es suficientemente ilustrativa del pacto de Escobar con el M-19. Dieciocho meses más tarde, el mercenario israelí Yair Klein ya entrenaba en el Magdalena Medio a los matones de los magnicidios.
Un acuerdo de voluntades con el dinero como código común y personajes como Henry Pérez —promotor del paramilitarismo en Puerto Boyacá— en la trasescena. Los frentes de violencia que auspició el cartel se fueron multiplicando, y mientras en 1987 en Medellín se reportaban hasta 10 homicidios al día, la génesis de las autodefensas emprendió el genocidio de la Unión Patriótica. Ya entonces habían sido asesinados Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, y Rodrigo Lara Bonilla. Les seguirían el procurador Carlos Mauro Hoyos, el comandante de la Policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero; el propio Galán o Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay.
Desde que en 1984 Pablo Escobar Gaviria saltó a la clandestinidad y le declaró la guerra al Estado, las páginas judiciales de los diarios y los noticieros de televisión parecían la cronología de una barbarie anunciada. Los ríos de sangre decantaron a los protagonistas que enfrentaron a Escobar y sus secuaces. Luis Carlos Galán estaba empecinado en acabar este cartel y los que le seguirían, y prometía extradiciones inmediatas. En ese contexto fue asesinado el 18 de agosto de 1989.
La Fiscalía recordó en este documento la condena proferida en contra del político Alberto Santofimio como instigador del magnicidio.
La orden de Escobar se cumplió a cabalidad pasadas las 7:00 de la noche en la plaza principal de Soacha. Y el ejecutor del crimen fue Jaime Eduardo Rueda Rocha, entrenado por Yair Klein. Según la Fiscalía, existen testimonios que relacionan al entonces director del DAS Miguel Maza Márquez en este homicidio, pues pocos días antes de que cayera Galán se cambió a su jefe de escoltas y se nombró a Jacobo Alfonso Torregrosa Melo, “encargado de debilitar el esquema de seguridad” del candidato. En esencia, las declaraciones aseguran que Escobar, Rodríguez Gacha y Henry Pérez, en asocio con integrantes corruptos del DAS, patrocinaron el asesinato.
Sobre esta base de sistematicidad y multiplicidad de homicidios y ataques como los bombazos a El Espectador, el avión de Avianca, el DAS, distintos centros comerciales y hasta la plaza de toros de Medellín, la Fiscalía negó la declaratoria de prescripción del caso de Luis Carlos Galán Sarmiento y volvió a citar a indagatoria al general (r) Miguel Maza Márquez. De acuerdo con informes del organismo, reportes cruzados de cientos de expedientes, evidencias del crimen continuado y el lavado de dinero de cambistas de la mafia que pusieron a circular la plata de la droga en el mercado legal, constituyen un mismo escenario y un mismo objetivo: desestabilizar al gobierno de turno y a la sociedad.
El 15 de diciembre de 1989 en Tolú (Sucre) el cartel fue tocado al ser abatido Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. En el operativo murió también su hijo, Freddy Rodríguez Celades. Después vendrían decretos benévolos en los tiempos de César Gaviria que buscaron frenar tanta sangre vista. Escobar aparentemente depuso sus armas y entregó sus hombres en junio de 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición. Se hizo construir una cárcel y la llenó de lujos, y un año después se voló. Hasta que el 2 de diciembre de 1993 la noticia de su muerte le dio la vuelta al mundo.
Pasaron los años y los expedientes de tantos crímenes seguían enmoheciéndose. Pasaron dos décadas y entonces muchos esbozaron el argumento de la prescripción. Pero la Fiscalía se jugó la carta de la justicia universal que impide que los asesinatos sistemáticos de una organización puedan tener fecha de vencimiento en sus investigaciones. Por eso declaró delitos de lesa humanidad entre 2009 y 2010 los crímenes de Galán, del director de El Espectador Guillermo Cano, de Carlos Mauro Hoyos, del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancourt, de Diana Turbay y los secuestros de Luz Marina Montoya, Beatriz Villamizar, Maruja Pachón y Andrés Pastrana.
Asimismo, hizo lo propio con lo ocurrido con los atentados al avión de Avianca —107 víctimas—, a este diario, a la sede del DAS, a la plaza de toros La Macarena. Llama la atención, sin embargo, que los expedientes de tantos otros crímenes, como el asesinato del periodista Jorge Enrique Pulido, el secuestro de Francisco Santos, o el propio magnicidio de Lara Bonilla, no hayan sido beneficiarios de esta declaratoria de delitos de lesa humanidad. Al margen de esta controversia no resuelta, el documento de la Fiscalía es extenso en detalles de por qué los delitos del cartel de Medellín deben ser investigados hasta la saciedad y que la impunidad en este país de olvidos es un atentado contra la humanidad.
Fuente: EL ESPECTADOR