Tulio Manuel Castro Gil, el fiscal del caso Lara Bonilla, asesinado por ordenes de Escobar.

23 de julio de 1985
Hay funcionarios públicos que demuestran su vocación de servicio todos los días, incluso exponiendo su vida. Es el caso de tantos jueces de la República que tienen en sus manos graves procesos penales. Pero hay uno en particular que no pueden olvidar los colombianos. Se trata del juez Tulio Manuel Castro Gil.

Sabiendo que su vida corría el más serio peligro, renunció a la protección del Estado y sin escolta alguna fue acribillado por sicarios el 23 de julio de 1985, hoy hace 30 años, cuando se bajaba de un taxi a las 10 de la noche en la Av. Caracas con calle 47. Venía de los juzgados de Paloquemao.

El 28 de octubre de 1984, nueve meses antes del crimen, había dirigido una carta e al DAS en la cual el juez Castro Gil hacía esa petición y en la que además, decía: “Sólo Dios dispone de la vida del hombre. Nada se hace sin su voluntad. Creo en El. He cumplido con una misión encomendada a mi sagrada función”.

Tenía también otra convicción: de nada servía exponer a estos servidores judiciales si los asesinos pensaban actuar contra él. Castro Gil, oriundo de San Rosa de Viterbo, Boyacá, acaba de ser nombrado magistrado del Tribunal de esa ciudad donde se iba a posesionar el 1 de agosto.

La situación de Castro se había vuelto desesperante con la oleada de amenazas del cartel de Medellín tras dirigir las investigaciones contra Pablo Escobar por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Precisamente en el primer aniversario de aquel magnicidio había dicho “a mí me quieren matar”.

Cuando el ministro Lara fue asesinado el 30 de abril de 1984, a partir de la captura de uno de los sicarios, el joven Byron de Jesús Velásquez Arenas, el juez Castro empezó a descifrar el rompecabezas criminal. Y como era de esperarse, rápidamente descubrió la mano de Pablo Escobar Gaviria y su entorno.

Y poco a poco fue sumando nombres hasta que agregó 16 a su lista de investigados. Entre los personajes que vinculó al caso aparecieron también los hermanos Ochoa Vásquez e incluso su padre, el caballista Fabio Ochoa Restrepo. De igual modo lo hizo con el ya conocido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Como era de esperarse, estas vinculaciones al caso Lara complicaron la seguridad personal del juez Tulio Manuel Castro. Empezó a recibir amenazas, a detectar personas sospechosas alrededor de su casa o de los juzgados de Paloquemao.

El martes 23 de julio de 1985, el juez Tulio Manuel Castro abordó un taxi a la altura de la Avenida Las Américas con la Avenida Boyacá y le pidió al conductor que lo llevara a la Avenida Caracas con calle 48. Cuando el taxi se detuvo en la dirección señalada y el juez se disponía a bajarse, de un automóvil Mazda de color verde oscuro que los venía siguiendo se bajó un individuo que cubría su rostro con una bufanda, y sin mediar palabra disparó a quemarropa contra el juez Castro.

El deceso del juez se produjo casi de manera instantánea. Nueve disparos acabaron con su vida. En cuanto a sus investigaciones, con el curso de los años cayeron en el vacío y diez años después de ocurrido el magnicidio de Lara, sólo el asesino Byron Velásquez y uno de sus cómplices, Alonso Díaz, fueron condenados. La investigación por la muerte del juez Castro quedó en total impunidad.

Para aquella fecha, hace 30 años, ya había sido asesinados 30 jueces y seis magistrados en este holocausto de la justicia que no termina.

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