El Cartel de Medellin en sus inicios

Por Alexander Prada – Asalariados de la muerte : sicariato y criminalidad en Colombia
En Colombia el uso de la palabra sicario se generalizó con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. No obstante, el sicariato operaba en la década de 1970 para narcotraficantes, esmeralderos y terratenientes, incluyendo algunos “pájaros”, matones a sueldo que actuaron durante la Violencia, el período de conflicto bipartidista de mediados del siglo XX.

A Griselda Blanco, la “Reina de la Coca”, se le atribuye el inicio en el país de la modalidad de sicarios motori-zados, pero es el Cartel de Medellín quien los consolida, con el entrenamiento brindado en algunas escuelas ubicadas en la ciudad y sus cercanías. Con la instrucción del israelí Isaac Guttnan Esternbergef se especializaron en hurto, conducción y acondicionamiento de automóviles y motocicletas, manejo de armas, tiro al blanco, maniobras de seguimiento y vigilancia (Castillo, 1987: 193). Las primeras bandas asociadas con el Cartel de Medellín fueron “Los Guantes Blancos”, “Los Magníficos”, “Los Quesitos” y “Los Priscos”.

La banda de “Los Priscos” era la guardia pretoriana de Pablo Escobar, y la dirigían cinco hermanos; operaban desde el barrio Aranjuez de Medellín, un sector donde los únicos que patrullaban eran los militares de la IV Brigada. Anales de la década de 1980, en plena época de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, David Ricardo Prisco Lopera reclutó a más de 300 hombres para realizar secuestros, atentados terroristas y asesinatos. Asimismo, entre los sicarios más reconocidos se encuentra John Jairo Arias Tascón “Pinina”, un niño pobre de los barrios marginales de Medellín, ladrón a los 12, pandillero a los 14 y sicario a los 15. Entrenado en las escuelas del Cartel, reclutaba con facilidad gracias a su conocimiento de las comunas.

Esa capa-cidad le permitió organizar el asesinato de Lara Bonilla, ser el enviado de Escobar a desatar la guerra con el Cartel de Cali y luego instalar carrobombas en diferentes lugares del país, que mataron a 262 civiles. Además se le atribuyó el asesinato de 129 policías en Medellín. “Pinina” fue dado de baja en 1990, a sus 29 años. Escobar pagaba en 1990 USD 3.500 por un policía uniformado, USD 8.800 por uno de civil y USD 880.000 por un general.

Los acusaba de ser “sicarios oficiales” que tenían grupos de limpieza. Algunos sectores de la Policía al parecer realizaron este tipo de acciones, ante la inoperancia de la justicia que dejaba libres a los sicarios. Encapuchados armados con mini-ingram iniciaron recorridos por las zonas donde vivían los sicarios. Acribillaban en especial a jóvenes, entre 16 y 30 años, algunos de ellos estudiantes, trabajadores y habitantes inocentes.

Este era parte del tratamiento policial que se le daba al sicariato en el contexto de guerra a muerte entre el Gobierno y el narcotráfico, sin que mostrara resultados en la reducción de la violencia (Ortiz, 1991: 72) Escobar confrontó al Estado con bombas, secuestros y el asesinato de personajes públicos; desde aquellos que lo perseguían, como ministros, jueces y policías, hasta candidatos presidenciales y familiares de políticos reconocidos.

Estos actos eran la forma de presionar la negociación con el Estado, en la búsqueda de pasar de ser un delincuente común, durante la presidencia de Betancur (1982-1986), a su autorepresentación como un combatiente rebelde con Barco (1986-1990) (Orozco, 1991: 31-32). Este intento se logró parcialmente con Gaviria (1990-1994), a partir de la entrega de Escobar y sus lugartenientes en 1991, tras garantizarle el gobierno un trato jurídico especial, pero se desdibujó con su fuga, a pesar de intentos como el de enero de 1993, cuando anunciaba la creación del grupo armado “Antioquia Rebelde”.

La organización de Pablo Escobar se debilitó tras su fuga de la cárcel en julio de 1992, debido al cerco de las autoridades y “Los Pepes”, perseguidos por Pablo Escobar, que detuvieron y eliminaron a sus hombres de confianza, de manera que recurrió a novatos y oficinas de cobro (Duncan, 2005: 18-19). Estos venían de las bandas barriales compuestas por 20 pandilleros, de los cuales dos o tres se contactaban con “las oficinas” y uno se convertía en un sicario de importancia.

Los demás se dedicaban a trabajar por cuenta propia, improvisando y buscando mejores oportunidades, en muchos casos parados en las calles de Bello, en el sector de Guayaquil o en el Barrio Antioquia, como si fueran músicos o prostitutas a la espera de maridos celosos o comerciantes estafados. En 1990 con el cerco a Pablo Escobar, el miedo de los intermediarios y la organización infiltrada por los organismos de seguridad, más de 3.000 sicarios se encontraban desempleados. Esto motivó una reunión en el municipio de La Estrella (Antioquia) entre John Jairo Velásquez “Popeye”, mano derecha de Escobar, y los jefes de algunas de las 300 bandas que operaban en Medellín y se dedicaban al secuestro, robo de carros, residencias, bancos y al atraco callejero.

El mensaje de Escobar era que seguiría subvencionando a las bandas mientras pasaban las dificultades. No obstante, con la muerte de “Los Priscos” en 1991, y la ausencia de un control hegemónico, aumentaron las masacres entre bandas de trayectoria y grupos emergentes. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, disminuyeron los homicidios en Medellín, pero se incrementó el hurto de vehículos y los robos a entidades financieras se cuadruplicaron. Además proliferaron los capos, traquetos y sicarios, ante la posibilidad de un rápido ascenso en las estructuras de las pequeñas y medianas organizaciones criminales.

Por Alexander Prada – Asalariados de la muerte : sicariato y criminalidad en Colombia (Investigación)

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