“1989 EL AÑO CUMBRE DEL NARCOTERRORISMO”

El año 1989 empezó con un discurso televisado del presidente Virgilio Barco y su balance del año 88. Además de las cifras económicas, la expresión preponderante de su alocución fue “seguir en la lucha contra la impunidad”, y eso se traducía en bajar las altas cifras de violencia, los secuestros y los actos terroristas. Pero apenas se escuchaban las buenas intenciones del gobierno, cuando ya llegaban las malas noticias. En Medellín, en la primera semana de 1989, el Cartel de Medellín hizo explotar bombas incendiarias en cinco sucursales de Drogas La Rebaja, cadena de droguerías de propiedad de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, cabecillas del Cartel de Cali. (El Espectador, 1989, enero 12.1-A -13-A) Eran los ecos de la guerra entre los carteles de la droga que, entre otros hechos, arrancó el 13 de enero de 1988, cuando el Cartel de Cali atacó el edificio Mónaco, conocido como el “búnker” de Escobar en Medellín, además sitio de residencia de su familia.

La violencia era protagonista, pero al mismo tiempo el gobierno realizaba esfuerzos por tratar de contener a los grupos armados y, por estos primeros días de 1989, la iniciativa estaba centrada en lograr la desmovilización del M-19. Por eso, en la segunda semana de enero se conoció que en las montañas del Tolima los voceros del gobierno se habían reunido con los negociadores de la guerrilla y, producto de estas conversaciones, surgió el anuncio de que el M-19 aceptaba las condiciones del Ejecutivo. Es decir, el M-19 acogía la propuesta de entregar las armas y concentrarse en algún punto de la geografía nacional, mientras el gobierno tramitaba una ley de indulto en el Congreso.

Por supuesto no todas las voces políticas fueron favorables al anuncio, pero en medio de la violencia imperante era importante saber que uno de los grupos armados empezaba a tomar el camino hacia la paz. Desafortunadamente 1989 iba a ser un año de tristeza. El miércoles 18 de enero, en zona rural del municipio de San Vicente de Chucurí, más exactamente en el sitio conocido como La Rochela, fueron asesinados dos jueces, seis agentes de policía judicial, dos secretarios de los despachos judiciales y dos conductores.

La comisión judicial había sido integrada con el propósito de investigar los crímenes que venía cometiendo el paramilitarismo en la región del Magdalena Medio. Estaba conformada por los jueces del municipio de San Gil (Santander), Mariela Morales caro y Pablo Beltrán Palomino, sus secretarios Virgilio Hernández y Carlos Fernando Castillo, los agentes César Morales, Gabriel Vesga, Germán Monroy, Orlando Hernández y Nenhur Guasca, y los conductores Samuel Vargas y Arnulfo Mejía.

Únicamente sobrevivieron tres integrantes de la comisión judicial que no recibieron disparos mortales y fingieron su muerte logrando así pasar desaparecidos para los asesinos (El Espectador, 1989, 19 de enero,pp. 12 A) Por el testimonio de los sobrevivientes se supo después que la comisión judicial fue abordada por un grupo de hombres armados que fingió pertenecer al frente 23 de las FARC y que, una vez se enteraron el objetivo de su misión, los engañaron diciéndoles que lo mejor era que se dejaran amarrar para que pasaran por rehenes de la guerrilla.

Cuando ya los tuvieron maniatados e indefensos, los acribillaron a bala. “Es una de las más aleves y temerarias acciones cometidas por la delincuencia organizada”, fue el comentario del presidente Barco cuando se enteró de la noticia. Y la primera reacción del poder judicial fue declararse en paro en San Gil, Barrancabermeja y Barranquilla. De inmediato, un operativo militar combinado, con unidades del Ejército y la Policía, empezó la persecución de los asesinos.

El director del DAS, general Miguel Maza Márquez señaló directamente a los grupos paramilitares como los causantes de la acción. En medio de la conmoción nacional se conoció un informe que señalaba que en lo corrido de los años 80 habían sido asesinados en Colombia 79 altos funcionarios de la justicia, incluyendo al ministro Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, al procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988 y los once magistrados de la Corte Suprema de Justicia que murieron en la cruenta toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

El director de instrucción criminal, hoy Fiscalía General de la Nación, Carlos Eduardo Lozano Tovar, explicó las razones de la matanza. Los asesinos querían borrar las evidencias de sus crímenes en la región y por eso, además del asesinato de los jueces y sus acompañantes, hurtaron 23 de los 25 expedientes que portaban consigo. Las primeras pesquisas señalaron a un sujeto conocido con el alias de “Vladimir” como el responsable de la masacre. Lo difícil era dar con su paradero en una región donde se movían a sus anchas.

El presente trabajo de grado: “1989 EL AÑO CUMBRE DEL NARCOTERRORISMO”, nace de la aptitud investigadora de Diana Carolina González

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